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| El proyecto del cubanoamericano Saul Berenthal iba a convertirse en el primer negocio con capital autorizado 100% de EEUU para construir una fábrica en Cuba en más de medio siglo. Roberto Koltun |
NORA GÁMEZ TORRES
¿Pueden los cubanoamericanos que decidan “repatriarse” invertir a gran escala en Cuba?
La respuesta parece ser negativa.
El caso de la empresa Cleber LLC, que se proponía ensamblar tractores en la llamada Zona Especial de Desarrollo (ZED) del Mariel, es un ejemplo del tipo de disyuntiva que deberá enfrentar el gobierno cubano si desea atraer inversión de la diáspora cubana en el extranjero.
El proyecto del empresario cubanoamericano Saul Berenthal y su socio Horace Clemmons, iba a convertirse en el primer negocio con capital ciento por ciento estadounidense autorizado para construir una fábrica en Cuba en más de medio siglo, según lo anunció el propio presidente Barack Obama durante su viaje a Cuba en marzo del 2016.
El propósito era ensamblar—y en el futuro producir completamente—la línea de tractores para pequeños agricultores bautizados Oggun, con mano de obra cubana y para el beneficio del pueblo, según comentó en abril Berenthal a al periódico del Partido Comunista Cubano, Granma. El diario publicó una semblanza de Berenthal y Clemmons y y alabó la idea de utilizar el Modelo de Fabricación de Fuentes Abiertas que permite reemplazar las piezas con mayor facilidad. Anteriormente, el periódico Juventud Rebelde también publicó una nota dando por sentado de que Cleber tendría en su fábrica en el Mariel.
Pero durante la Feria Internacional de La Habana, Berenthal recibió la noticia de que el proyecto fue rechazado por el gobierno cubano.
En palabras de Berenthal “el proyecto no fue cancelado, más que nada, no fue autorizado”, comentó al Nuevo Herald.
Sin embargo, una fuente con conocimiento del tema que habló con el Nuevo Herald a condición de mantener el anonimato, dijo que la verdadera razón de la negativa del gobierno tuvo que ver con que Berenthal, nacido en Cuba, se “repatrió” y obtuvo una residencia permanente en Cuba.
“Saul se entusiasmó demasiado”, subrayó la fuente.
Ello, continuó, puso al gobierno cubano ante la disyuntiva de dicidir si aceptaban el proyecto y con ello ir contra sus propias leyes o buscar otros argumentos para no autorizarlo. El gobierno cubano optó por lo segundo. Berenthal dijo que los funcionarios le comunicaron que el proyecto no cumplía con los requerimientos tecnológicos y de seguridad de los trabajadores requeridos para las inversiones en la ZED.
Berenthal negó que su repatriación “tuviera algo que ver” con la negativa del gobierno cubano “pues ellos estaban al tanto desde el principio” y aseguró que “el hecho de que no estamos aprobados para el Mariel no significa que no vamos a continuar con el proyecto. Nos sugieron contactar al Ministerio de la Agricultura”, agregó.
Pero al haber realizado los trámites para su repatriación—que no es más que la obtención de una residencia legal en la isla, y con ella el derecho de comprar una vivienda y recibir tratamiento médico gratuito—, Berenthal podría haber puesto punto final a sus deseos de establecer una fábrica en Cuba pues las leyes cubanas no contemplan la posibilidad de que sus ciudadanos establezcan compañías privadas e inviertan a mediana o gran escala.
Según explica el Ministerio de Justicia en su sitio oficial en Internet, Cuba no reconoce la doble ciudadanía y se acoge al principio de nacionalidad o ciudadanía efectiva. Según este principio, un ciudadano con doble nacionalidad, como los cubanoamericanos, sólo puede ejercer una sola nacionalidad a la vez y ello depende de en qué país tenga su residencia habitual.
“Ello no quiere decir que un ciudadano cubano no obtenga la de otro país, sino que la valedera aquí, es la nuestra”, indica el Ministerio de Justicia.
Aunque la Constitución cubana no reconoce el retorno y la reunificación familiar como un derecho, como consecuencia del proceso legal de repatriación, la persona vuelve a fijar su residencia permanente en Cuba y recupera derechos que el gobierno cancela a los que considera “emigrados”. En Cuba, entonces, los cubanoamericanos con residencia permanente serían considerados solo como cubanos, y como tales, sujetos a las leyes y restricciones del país.
Según declaró el embajador de Cuba en EEUU, José Ramón Cabañas, en una entrevista publicada en Cubadebate a fines de octubre del año pasado, “en EE.UU., solo en los últimos dos años, habíamos tenido más de 13 mil casos de repatriación, sin contar los que se están procesando—contamos solo los de personas que regresaron a avecindarse en Cuba”, aclaró.
En relación a la situación legal de estas personas en Estados Unidos, “el impacto en la vida cotidiana es cero”, aclara el abogado de inmigración Wilfredo Allen. “El problema es que Cuba te controla”, señala.
En este caso, un ejemplo concreto de este “control”, es que esos 13 mil cubanoamericanos no pueden invertir en la industria y en otros sectores económicos clave.
Incluso si obtuvieran una licencia del gobierno de los Estados Unidos para hacer negocios en la isla—como en el caso de Berenthal—, la ley de inversión extranjera abre la posibilidad de que los cubanos con otras nacionalidades y que residan fuera del país, puedan invertir en sectores como el turismo y la energía, pero no otorga similares derechos a aquellos que residen legalmente en la isla.
Los cuentapropistas o trabajadores del sector privado en Cuba no tienen reconocimiento jurídico más allá de considerarse “personas naturales” y, por tanto, tampoco pueden crear compañías ni pasar a otra escala de inversión, lo cual solo está permitido a las empresas extranjeras.
“¿Pueden las personas naturales cubanas residentes en el país participar en la inversión extranjera? No. Los ciudadanos cubanos residentes en el país no pueden formar parte como socios de una empresa mixta” con el Estado cubano, señala un estudio legal sobre la ley de inversión extranjera realizado por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba.
“Esta ley se dirige a potencializar ‘inversionistas extranjeros’ o a cubanos residentes fuera del país”, subraya la publicación.
Pero con una economía en contracción— que necesita $2500 millones anuales en inversión para desarrollarse pero apenas ha asegurado un 6,5% de participación extranjera en inversiones para este año, según dijo el propio ministro de Economía Ricardo Cabrisas a la Asamblea Nacional—, las restricciones a la inversión son contraproducentes, opina el economista Carmelo Mesa Lago.
“Es una locura total. El nivel de lo que están recibiendo [de inversión extranjera]es absolutamente mínimo...El gobierno necesita inversión en todos los sectores, porque ellos han determinado prioridadesy tienen más interés en la gran inversión que en la mediana, y eso es totalmente absurdo”, comentó al Nuevo Herald.
“Ellos necesitan todo tipo de inversión”, afirmó el reconocido economista, también la proveniente de la comunidad cubanoamericana y “los cubanos que tengan la capacidad de invertir basados en sus ganancias”.
“Eso debe permitirse”.
Nora Gámez Torres
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